A propósito del 'affaire Montoro', recuerdan la prohibición de que los datos, informes o antecedentes tributarios puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en 14 casos, que admiten la cesión (con condiciones) a jueces, tribunales, Fiscalía, Tribunal de Cuentas, Inspección de Trabajo, Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, Intervención General de la Administración del Estado o comisiones parlamentarias de investigación

Los funcionarios de Hacienda recuerdan que los funcionarios de la AEAT pueden acceder a los datos fiscales de los contribuyentes sólo s están relacionados con los concretos expedientes que tienen atribuidos en cada momento.

Resaltan la existencia de un protocolo de seguridad informática en la AEAT por el que el Servicio de Auditoría interna ejerce un control estricto de los accesos a las bases de datos tributarios. Es decir, los funcionarios de la AEAT tienen que poder justificar cada acceso; caso contrario se abre un expediente disciplinario por infracción grave que se sanciona con la suspensión de empleo y sueldo de hasta tres años.

Igualmente señalan que en el supuesto que la información se cediera a terceros, como al parecer sucedió para llegar a las manos de Montoro, la infracción del funcionario se califica como muy grave, que incluye suspensión de empleo y sueldo de hasta 6 años e incluso separación del servicio.

Gestha pide al Ministerio de Hacienda el cese inmediato de Santiago Menéndez del puesto de libre designación que desempeña como jefe de Equipos Nacionales de Inspección Coordinador en la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la AEAT desde la resolución de 26 de abril de 2022 firmada por la directora del Departamento de Recursos Humanos de AEAT, Marta Somarriba.