El Gobierno aprobó ayer un real decreto-ley que sitúa la nueva fecha para las empresas en el 1 de enero de 2027 y para los profesionales por cuenta propia el 1 de julio de 2027, aunque como todo real decreto-ley deberá ser refrendado en Las Cortes

Varios medios informaron en la tarde de ayer que esta decisión forma parte de los compromisos adquiridos con Junts.

Desde la propia Agencia Estatal Tributaria se había admitido que la normativa era compleja porque aparentemente dejaba fuera de su aplicación a las empresas que siguieran facturando en su totalidad con un protocolo de facturación manual, pero que si emitían alguna factura en un programa informático debían pasar a VERI*FACTU.

La acogida dispensada a la medida fue celebrada prácticamente por la unanimidad de agentes. ATA se congratuló por un aplazamiento que venían reiterando desde el pasado 31 de octubre. CEPYME también había reclamado el aplazamiento alegando "la necesidad de las pymes por mayor margen de tiempo para adaptarse, formarse y concienciarse sin poner en riesgo su actividad diaria".

Los gestores administrativos se sumaron a la celebración, pero reclamaron del Gobierno "claridad". El Consejo General de Gestores Administrativos comunicó ayer que la AEAT "tiene que aclarar quién debe acogerse al sistema, ordenar su implantación y evitar que vuelva a generarse una oleada de confusión" (...) "La AEAT generó la sensación de que todos debían acogerse cuando el reglamento dice lo contrario: sólo están obligados quienes facturan a través de un sistema informático de facturación en los propios términos del reglamento exclusivamente".