El real decreto-ley de Medidas para Proteger a los Hogares y Sectores más afectados por las consecuencias del conflicto de Próximo Oriente incluye a casinos, sociedades de garantía recíproca (SGR), entidades de crédito, aseguradoras, gestoras de fondos, servicios postales, auditores, notarios o abogados, entre otras

 Estas entidades quedan obligadas a asumir medidas de diligencia debida (‘due dilligence’) respecto de sus clientes, incluida la identificación formal, la información de la titularidad real o realizar “un seguimiento continuo de relación de negocios”.

Igualmente quedan obligados a colaborar activamente con las autoridades de prevención de blanqueo.

El real decreto-ley tendrá que convalidarse en el Congreso para cobre vigencia.