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La imperativa obligación prevista en la ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas tenía que entrar en vigor el 2 de octubre de 2018.

Ha sido una de las relevantes novedades del real decreto-ley aprobado el 31 de agosto y que fue publicado en el BOE del 4 de septiembre.

Porque la norma de 1 de octubre de 2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas asentó la fecha del martes 2 de octubre de 2018 como la de vigencia del registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de la administración y archivo único electrónico.

Se trata de una serie de requisitos de gran importancia en toda gestión encomendada a empresas del sector del Juego, que por razones normativas mantienen una estrechísima relación con las Administraciones.

El real decreto-ley reconoce "imposibilidad técnico-organizativa de concluir en los plazos inicialmente previstos los procesos de adaptación a la nueva realidad para garantizar que los operadores jurídicos, los ciudadanos y las Administraciones públicas puedan ejercer plenamente sus derechos con plena seguridad jurídica y beneficiarse de las ventajas que el nuevo escenario puede proporcionarles".

Entre las razones también se alude a la sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de mayo, que precisa el funcionamiento de algunos aspectos técnicos y procedimentales, tales como las notificaciones, el registro de apoderamientos, los funcionarios habilitados o algunas cuestiones sobre los registros generales y archivos, y la necesaria adaptación a lo allí indicado.

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