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Congreso de los Diputados. España

Más allá del sí o no a la publicidad y a la utilización de famosos por el Online, la Moción sancionada por el Congreso supone un nuevo punto de inflexión hacia atrás en la percepción de la actividad empresarial del Juego en su conjunto.

Únicamente el grupo parlamentario del PNV se apartó del contenido de la Moción impulsada por Unidos Podemos en la sesión plenaria del martes en el Congreso.

Tras la inclusión en estudios clínicos estadounidenses y su inmediata asunción por el Plan Nacional de Drogas de España como adicción sin sustancia, la iniciativa aprobada el martes 23 de octubre constituye un nuevo salto hacia adelante en el sentido inverso a la consolidación de la normalidad del colectivo empresarial del Juego en su conjunto. Los partidos políticos respaldaron una moción que literalmente sentencia que "el Juego es una actividad económica de especial riesgo para la salud".

La derivada subsiguiente es el mensaje que los partidos políticos envían a sus homólogos en las Comunidades Autónomas al instarles en la misma Moción "a actualizar las normativas de Juego autonómicas para relacionarlas con drogadicciones y otros trastornos adictivos a la realidad actual del Juego" (literal de la moción). Incluso añaden una recomendación que podría pasar por estrafalaria: "que los padres y madres no jugadores se inscriban en el RGIAJ como prevención para el control de menores".

El resto de enunciados de la Moción reproduce prácticamente las pretensiones que Unidos Podemos ya viene exponiendo machaconamente en las últimas semanas con su habitual retórica, paradójicamente muchas de ellas ya presentes en las vigentes normativas. Nos referimos a: regulación de la publicidad con limitaciones similares al tabaco y al alcohol; prohibición de promociones o regalos de créditos como reclamo publicitario; identificación fehaciente del jugador y bloqueos correctos al Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ) o impulsar una plataforma por la Integridad del Deporte y las Apuestas.

Tal como advierte la Moción, su redactado sería "una guía para actuar de forma urgente y cumplir el pacto al que llegaron Podemos y PSOE en el proyecto de ley de Presupuestos del Estado 2019". Si es así, compete ahora a los políticos que obran como reguladores autonómicos desde su adscripción al PP o al PSOE saber transmitir el marco regulatorio estricto y riguroso que rige ya en el conjunto del sector del Juego.

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