El artículo 12.A.d) de la ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, encomienda al CNP "la vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de Juego".

La actual coyuntura sectorial, absolutamente tamizada por informaciones confeccionadas por medios generalistas perfectamente encaminadas a crear un determinado estado de opinión sobre una realidad muy sesgada del Juego Privado Presencial, alimenta el riesgo de acentuarla más si cabe, si los medios especializados nos limitamos a obrar como meros correveidiles de ese tipo de comunicaciones expuestas al desconocimiento y a la interpretación interesada que es emitida desde ciertos medios de la prensa generalista.

El Servicio de Control de Juegos de Azar despliega a lo largo del año infinidad de operativos dentro de lo que es su estrategia de inspección y vigilancia de la materia para la cual fue concebido: los juegos de azar en su ámbito de actuación, que abarca todas las Comunidades Autónomas a excepción de País Vasco, Catalunya y Navarra. Es decir, que esta unidad lleve a cabo su labor inspectora, sea bajo la denominación específica que corresponda (en este caso 'arcade'), tiene que ser observada como una noticia normal y en absoluto motivo para la alarma o la desazón. Menos aún para expresar alarma, aunque tal vez para los medios generalistas sí pueda serlo. En los últimos meses ha sido intensiva la labor de inspección y vigilancia a los cuales han sido sometidos los Salones (sólo es preciso recuperar la hemeroteca para apreciar acciones en esta dirección en todas las comunidades sin distinción). Han habido casos con coches patrullas estacionados junto al establecimiento permanentemente y exigencias policiales incluso de elementos identificativos que ni siquiera estarían reglamentados en el momento de llevarse a cabo la inspección; distinto es que el aspaviento en la inspección del operativo y la divulgación alarmista de la circunstancia cause un daño de imagen en la percepción de los eventuales clientes, cuyo fin para acudir a estos locales es simplemente pasar un buen rato: nadie acude a pasar un mal rato a un espacio de ocio.

Llegados a este punto sería prudente precisar a los medios generalistas que asoman su mirada a la industria del Juego en España es que en la función inspectora hay numerosas Comunidades Autónomas que también disponen de Servicios de Inspección de Juego propios dependientes del respectivo Gobierno autonómico. Por citar tres ejemplos emblemáticos: Baleares, Madrid o Galicia. Es decir, que las labores de inspección autonómicas complementan las policiales del Servicio de Juegos de Azar de la Policía Nacional o viceversa, según quiera entenderse. Y hay otras, como Comunidad Valenciana, Andalucía o Asturias, en que precisamente dentro de la Policía Nacional existe una Unidad Adscrita a la Administración autonómica responsabilizada de asuntos de Juego que periódicamente ofrecen información sobre sus balances inspectores y que desde JP noticias y Joc Privat (JP) tratamos de poner de manifiesto cuando culminan.

Las competencias administrativas en materia de Juego corresponden a la Policía Nacional, según dispone el artículo 12.A.d) de la ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, relativo a la distribución material de competencias. En concreto, "la vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de Juego". Es decir, la norma se remonta a 33 años atrás. No se puede decir que sea precisamente nueva.

Desde entonces sólo se ha producido una pequeña variante con la aprobación de la ley estatal del Juego de 27 de mayo de 2011. Como adición a la responsabilidad definida en 1986, se estipula que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "colaborarán con la Comisión Nacional del Juego en las funciones de vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de Juego".

Delitos que eventualmente puedan generarse dentro de las derivadas que reporta el Juego también pueden ser asumidos por la Guardia Civil en su ámbito territorial al ser fuerza y cuerpo de Seguridad del Estado.

R. Franco
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