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Gestha pide a la AEAT abrir investigación a fundaciones, asociaciones y entidades parcialmente exentas que ya registrarían el 93'5% de los premios logrados por personas jurídicas en 2019.

Lo hicieron a comienzos de diciembre, trasladaron su preocupación en las semanas previas y también instaron al Ejecutivo incluso la adopción de un real decreto-ley a pocas fechas del sorteo de Lotería de Navidad. Gestha lo hizo dìas antes del sorteo de El Niño comunicando el temor que supone perder una recaudación anual superior a los 100 millones de euros, si se mantienen los límites exentos del gravamen especial sobre los premios de sorteos de SELAE, Cruz Roja, ONCE y loterías autonómicas.

En el caso del sorteo de El Niño, primero del año, han sido gravados con la retención del IRPF únicamente los dos primeros premios de 200.000 y 75.000 euros, respectivamente. "No existe razón económica, ni fiscal que justifique que no tributen otros premios", señalan desde la entidad.

La reivindicación para regresar al criterio vigente hasta 2018 (exención de retención por IRPF a los premios iguales o inferiores a 2.500 euros), es extrapolable en el caso del Impuesto de Sociedades (IS). "Para acabar con el fraude no hay que aumentar las exenciones y bajar los impuestos, sino combatir la elusión mediante una mejor investigación".

Los datos referenciados en el caso del IS son significativos (mensualmente nos hacemos eco en JP noticias). Hasta octubre de 2019 las empresas habrán superado el 6% de los mayores premios de todos los sorteos del año anterior. Es decir, estas personas jurídicas habrían ganado 127 millones de euros en 2019 a partir de 16.000 premios de loterías de más de 20.000 euros cada uno.

En este punto Gestha solicita a la Agencia Tributaria (AEAT) la apertura de un programa de investigación a fundaciones, asociaciones y otras entidades parcialmente exentas que acumulan el 93'5% de los premios obtenidos por personas jurídicas. Igualmente proponen modificar el régimen jurídico para lograr una mayor transparencia de las cuentas y actividades que les otorga una fiscalidad privilegiada, de manera que se excluyan del régimen fiscal las fundaciones y entidades que no dediquen sus ingresos a tales actividades de utilidad pública o interés social.

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