El artículo 37 del real decreto-ley 11/2020 detalla el alcance de la restricción durante el 'estado de alarma', cuyo incumplimiento es tipificado como 'infracción grave'.

El BOE de ayer 1 de abril recogía la determinación por la que durante el período del 'estado de alarma' quedan prohibidas las actividades de promoción para captar nuevos clientes o de fidelización de los ya existentes que refieran cuantías económicas, bonos, bonificaciones, descuentos, regalos de partidas, multiplicadores de premios o cuotas, o bien otro mecanismo similar. Además, veta mensajes publicitarios por internet, incluidas las comunicaciones individualizadas vía correo electrónico o medios equivalentes y redes sociales, tal como ya adelantamos en la edición del miércoles.

El alcance de la disposición afecta a loterías y empresas punto es (las implicadas por la ley estatal del Juego de 27 de mayo de 2011).

Precisamente ayer la asociación Fecyljazar, a través de su presidente, Angel Aranzana, se subrogaba parte de la decisión gubernamental al señalar que había contactado con el Ministerio de Consumo para solicitar una paralización cautelar de la publicidad de juego online. Es más, afirmó que las personas que "jugaban en bares y salones se han trasvasado al canal online, atraídos por bonos que siguen dando las empresas".

En el supuesto que la reflexión de Aranzana fuera verdad, ¿tiene en cuenta la entidad que el acceso al juego es una libertad individual al alcance de cualquier adulto? ¿Es consciente que se trata de una actividad autorizada y regulada? ¿Es sabedor que para darse de alta en los juegos online es requerido un registro y una validación por la DGOJ conforme con los filtros existentes actualmente?

R. Franco
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