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El territorio norirlandés, vinculado al Reino Unido, dispone de un marco normativo específico sobre juego y apuestas que se retrotrae al año 1985.

En efecto, la GamblingAct que entró en vigor en Gran Bretaña en 2015 no fue adoptada para las actividades de juego y apuestas en el territorio, que siguió adecuándose a la legislación derivada del año 1985. Es más, las casas de apuestas han decidido voluntariamente ajustarse al criterio del precio de partida de los terminales FOBT a 2 euros (medida imperativa en el resto de territorios del Reino Unido), pese a no estar subordinados a esta disposición que tiene su base jurídica en la GamblingAct de 2015.

El Gobierno de Irlanda del Norte comunicó recientemente la intención de promover un nuevo marco legislativo que se homologue a la realidad del sector y sociedad actuales, así como añadir medidas relacionadas con las consecuencias de una mala práctica del juego de azar. La fórmula elegida para abrir este proceso será vía una ‘consulta pública’ y a ella podrán acceder no sólo la representación sectorial, sino también otras organizaciones sociales.

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