A las dos demandas judiciales por las "preferencias" que el ente regulador admitió en la resolución del concurso de adjudicación de licencia de la National Lottery, se añaden el reenvío de partidas a obras sociales para cubrir costes administrativos y las acusaciones de un diputado por los vínculos de Allwyn con oligarcas rusos.

El organismo responsabilizado de velar por la regulación del Juego en Reino Unido está envuelto en una maraña de acusaciones y sospechas que están hipotecando el debate sobre la Triennial Review: la reforma normativa que cada tres años se plantea, según una evaluación de la coyuntura sectorial presencial y online.

La 'novedad' más reciente fue destacada por 'The Mail on Sunday' asegurando que la Gambling Commission se habría autoconcedido en torno a 50 millones de libras para cubrir costes administrativos de la entidad cuando ese dinero estaba destinado a atender obras sociales.

El exdirigente conservador Iain Duncan Smith no dejó pasar la ocasión para criticar severamente al ente regulador acusándolo de "otro ejemplo de la forma espantosa de gestión de la National Lottery" y que "la aportación de los fondos a obras sociales se ha desplomado".

La Gambling Commission respondió públicamente afirmando que la cantidad 'desviada' apenas significa el 0'7% del capital destinado a obras sociales. Asegura que lo percibido para costes administrativos cubrió los gastos del procedimiento del concurso para adjudicación de la National Lottery y como reserva en la regulación de este producto en los siguientes 10 años.

La guinda llegaba también esta semana cuando el diputado Dean Russell denunció vínculos del presidente de Allwyn, Karel Komarek, con la energética rusa Gazprom. Allwyn ha sido elegida por la Gambling Commission como concesionaria de la National Lottery en el proceso que ahora mismo vive una sobrevenida etapa de judicialización.