Estudios o supuestos estudios con pretendida base académica siguen describiendo un escenario de aparente consumo regular de contenidos de juego online a cargo de menores de edad en España, pero desde la DGOJ y el Ministerio de Consumo no hay reacción alguna sobre si tales hechos pueden ser verdad, o bien serían la excepción.

La cuestión tiene una relevancia capital porque las afirmaciones en esta dirección maniquean el mensaje a la sociedad. A fuerza de mantenerse en el tiempo y proyectarse cada vez más a través de pretendidos informes descriptivos de la realidad social lo que se pone de manifiesto es el desinterés (probablemente ignorancia) de los políticos en el ejercicio de trascender pedagogía en la gestión.

Años atrás, pero ya en un contexto de regulación del juego online en España, el Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) elaboró un informe que tuvo un enorme impacto mediático en todos los medios de comunicación españoles en cuya presentación oficial ante un concurrido auditorio reconoció absoluto desconocimiento justo acerca de esta distinción. Sus autores y los miembros de la Mesa no supieron responder a esa diferenciación, de tal forma que fueron incapaces de exponer en el estudio si los menores que afirmaban jugar en el mercado Online del Juego lo hacían a través de portales legalmente autorizados (Punto Es), o bien su acceso era indiscriminado vía sitios web fuera del control gubernamental.

En casi tres años de atribuciones del Ministerio de Consumo tampoco hemos escuchado reflexión pública sobre el particular del ministro Alberto Garzón, pese a que su trayectoria recoge abundantes y notables retóricas de espíritu pretendidamente pedagógico hacia la sociedad.

La reciente Encuesta de UNICEF (adjunta a esta noticia), que efectúa un aparente esfuerzo por comprender y descubrir las simpatías de los adolescentes por internet y las nuevas tecnologías de la información, así como su tiempo libre, no despeja tampoco esta cuestión. Se limita a referenciar el uso de webs de apuestas sin concretar qué canal es el utilizado para jugar o apostar dinero para el 28'6% de los encuestados y que el uso de tarjeta de crédito es el instrumento de pago más utilizado en esos juegos (28'5%) seguido de pay pal/skrill (27'7%).

La legislatura todavía tiene por delante un año. ¿Alguien desde la DGOJ puede dar razón sobre la supuesta participación de menores en los juegos online regulados o punto com?