Que los operadores licenciatarios acrediten la presencia de un número determinado de trabajadores residentes en la isla caribeña se erige en una novedad de gran calado en el futuro desarrollo de la actividad.

En el primer trimestre de 2023 está previsto completar la presentación del proyecto de ley del Juego de Curaçao. Este hecho significa que los avances en su tramitación son una realidad avanzados meses atrás han cuajado, aunque no puede obviarse que la reforma legislativa surge de entre las diversas que la metrópoli exigió como contrapartida a las ayudas por la Covid19 que el Gobierno de Países Bajos destinó a la isla de ultramar.

La exigencia de personal contratado que efectivamente resida en la isla no es un tema baladí porque hasta ahora este elemento ha sido sorteado con el objetivo de potenciar su condición 'off-shore'. El fortalecimiento de las políticas contra el blanqueo de capitales es otro de los requisitos que el Ministerio de Hacienda de Países Bajos tiene muy claros dentro de su objetivo de 'pacificar' el hub caribeño.

Tal como adelantamos en JPNoticias en diciembre de 2021 el Gobierno de Holanda se autoimpuso la adopción de un plan de actuación inmediato sobre la regulación del Juego en Curaçao, tras el impacto que causó en la clase política holandesa la publicación de un reportaje que acusaba al territorio de ser un foco de prácticas de juego ilegal. En concreto, afirmaba la existencia de 12.000 webs ilegales establecidas en este territorio que supondrían el 40% del mercado no regulado en el mundo.