La tecnológica australiana Bet Makers Technology Group somete una propuesta no vinculante, valorada en 2.500 millones de euros, para adquirir las divisiones de medios de comunicación y apuestas de Tabcorp.

Comunicado oficial de la compañía que recoge la declaración del Consejo de Administración en la que señala la incompatibilidad del comportamiento de Rytenskild con las funciones de liderazgo de la compañía.

La oferta, que se limita a las unidades de negocio de Apuestas y Comunicación, alcanzaría los 2.000 millones de euros.

Declaración oficial de Intralot en la cual no menciona a Tabcorp y se limita a comunicar a la Comisión de Mercados de Grecia que no hay "acuerdo vinculante" de esta naturaleza y que "actualmente Intralot no está ejerciendo negociación alguna sobre adquisición en Australia"

El Supremo de Nueva Gales del Sur autoriza que sean los accionistas quienes pongan fin a la iniciativa emprendida por la compañía dentro de su plan estratégico operacional.

The Sydney Morning Herald informa de la singular reacción de los accionistas tras conocerse el millonario salario del CEO, Adam Rytenskild, pese a que tras la escisión de The Lottery Corporation el volumen de negocio de Tabcorp ha disminuido significativamente.

La compañía australiana ejecuta la iniciativa que fue autorizada por el tribunal de Nueva Gales del Sur y que busca como objetivo dotar de más valor a las divisiones de Apuestas y Medios de Comunicación.

Las prestaciones de la tecnología implementada por la sociedad EBet será utilizada por Venue Digital Technology en el control y verificación de las más de 30.000 máquinas instaladas en los casinos de Tasmania.

La finalidad de la estrategia es crear de más valor a los accionistas, además de aumentar las expectativas de venta de sus negocios de Apuestas y Medios de Comunicación.

Denuncia extensiva a la Australian Hotels Association apelando a la licencia que otorga la exclusividad a Tabcorp en el período que abarca de 2013 a 2033.

La continuidad de la concesión, efectiva desde 2012, exige el pago al Gobierno de Victoria de 605 millones de euros en las próximos veinte años a contar desde agosto de 2024.