El período sujeto a las reclamaciones económicas abarca desde el 10 de diciembre de 2020 al 9 de febrero de 2021, señalan las tres asociaciones territoriales en un comunicado.

El 5 de mayo de 2022 el TSJPV dictó sentencia en el conflicto dando la razón a las Asociaciones de Hostelería de Euskadi y declarando nulas las disposiciones recurridas. En aquella sentencia se imponían costas a la Administración vasca.

Fue recurrida en casación ante el Tribunal Supremo por el Gobierno Vasco, pero en providencia del TS del 15 de diciembre de 2022 fue inadmitida y de nuevo las costas eran impuestas al Ejecutivo autonómico.

La decisión significó la declaración de nulidad de las normas que fueron recurridas erigiéndose en el primer caso que planteaba un escenario de esta naturaleza porque son anuladas medidas sanitarias adoptadas durante la pandemia.

Recuerdan que el 12 de diciembre de 2020, luego de más de un mes de cierre forzado de los establecimientos de hostelería, el decreto 44/2020, de 10 de diciembre, habilitó la reapertura de los establecimientos en los municipios de más de 5.000 habitantes, siempre que la tasa acumulada de casos positivos por Covid en 14 días fuera inferior a 500 por cada 100.000 habitantes, y en aquellos municipios de población inferior a 5.000 habitantes, siempre que por la situación epidemiológica o la existencia de brotes de contagio el Departamento de Salud del Gobierno Vasco no dijera lo contrario.

El 22 de enero de 2021 fue aprobado otro decreto que ratificó la medida adoptada, cuya consecuencia fue que un número muy alto de municipios vascos mantuvieron cerrada la hostelería.

Según informan las asociaciones, éstas han intentado que el Gobierno Vasco reconociera su responsabilidad, pero señalan que la respuesta ha sido negativa y se oponen a la valoración de compensación alguna a la espera de una resolución judicial que les condene el abono económico de los daños causados".