Fue aprobado en Consejo de Gobierno el 23 de noviembre, pero a diferencia de dos iniciativas anteriores por fin fue convalidada por el Legislativo y ya rige formalmente.

Uno de los efectos es que el incumplimiento de los horarios por establecimientos de juego es identificado como 'infracción grave', pero el resto de establecimientos públicos quedan exentos de este alcance por lo que la apertura o el cierre fuera del horario establecido autorizado en estos casos mantienen la consideración de falta leve.

Salones de Juego y Locales de Apuestas quedan expuestos a sanciones más severas que el resto de establecimientos.

Las infracciones 'graves' son penalizadas con multas de 2.001 a 30.000 euros, mientras que las 'leves' oscilan entre 300 y 2.000 euros. Las 'muy graves' pasan a un baremo entre 30.001 y 500.000 euros. Las sanciones pueden agravarse si hubiera reincidencia y en función del riesgo causado para la seguridad de las personas.

La carencia o falta de vigencia del contrato de seguro de responsabilidad civil es infracción grave.

El decreto-ley no expone cambio alguno en la labor inspectora y de control, que sigue siendo municipal.

La convalidación por la Asamblea el martes 12 de diciembre del decreto-ley culmina una iniciativa que no lo fue en las dos veces precedentes.