En un Auto fechado a finales de enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo plantea dudas a la Justicia europea sobre las limitaciones que la Generalitat Valenciana impone a los negocios del sector privada, mientras los operadores públicos se libran.

Las restricciones aludidas refieren el veto publicitario y la exigencia de alejamiento de establecimientos de juego de colegios, otras medidas burocráticas y de prevención de la adicción. Estima que “el no establecimiento de distancias para los locales públicos de juego o apuestas pueden perjudicar la libre competencia tendiendo hacia un monopolio estatal del juego”.

En el planteamiento al Tribunal de Justicia de la UE estiman que “se fomentarían ventajas injustificadas para el sector público”.