PSOE y Unidas Podemos defienden una enmienda que propone que el Gobierno "promueva un análisis del actual régimen jurídico y fiscal de las distintas actividades de juego", aunque sin aludir a ningún tipo impositivo concreto.

Como cada ejercicio cuando llegan estas fechas el régimen tributario especial de Ceuta y Melilla queda sometido a la 'espada de Damócles' del grupo parlamentario de ERC en el Congreso.

ERC planteó en el pleno del Congreso una proposición no de ley que, además de suprimir esa prestación fiscal, también plantea elevar hasta el 30% el máximo de los tipos aplicables establecido para las comunidades autónomas en el artículo 48.7.3 de la ley estatal del Juego de 2011, y paralelamente incrementar al 30% los tipos sobre el IAJ (Punto Es) y prohibir definitivamente la publicidad de la actividad.

La iniciativa de ERC y la contrapropuesta de PSOE y Unidas Podemos se votará el jueves 2 de diciembre. Según informa Europa Press, Unidas Podemos votará a favor de la enmienda transaccionada por PSOE y UP, pero ERC ya ha advertido que no la aceptará.

Pero una vez más el posicionamiento del grupo parlamentario de UP resulta significativo y demoledor sobre lo que debe o puede ser la regulación del sector. "Claro que estamos a favor de que se estudie y se produzca esa elevación de tipos asociados al IAJ (Punto Es) en los términos en los que establecemos en nuestra enmienda que hemos presentado conjuntamente con el PSOE", afirma la diputada por Baleares, Lucía Muñoz.

Daniel Vicente (PSOE) dijo que "la propuesta de ERC crea un desequilibrio, la discriminación contra otras actividades legales dentro del juego. Es inviable llevarlo a cabo tal y como usted lo trae aquí. Y en cuanto a la publicidad no compartimos su visión porque el real decreto de Comunicaciones Comerciales apenas lleva cien días en vigor".

CUP, EH-Bildu, PNV o BNG suscriben la propuesta, aparentemente porque todo vale "con el argumento de combatir la ludopatía".

Atentos a las palabras de Joseba Agirretxea (PNV): "los poderes públicos tienen la obligación de combatir la ludopatía porque evidentemente va contra la salud pública, va contra la economía y va contra cualquier sociedad sana".

Andrés Alberto Rodríguez (C's) comparte preocupación por el impacto social del juego sobre los más vulnerables, "pero no compartimos su ambición desmedida por el dinero. Si quieren disminuir los problemas de adicción al juego, llenarse los bolsillos para malgastarlo en embajadas y chiringuitos no es la solución".

Juan Manuel Constenia (PP) defendió abordar el problema de quien sufre un trastorno de control de impulsos sin demonizar un sector como es el juego, que saben es una actividad perfectamente legal. Incrementar el gravamen sobre el juego no es la solución al problema".