La iniciativa admite el procedimiento de participación pública en la anterior legislatura, pero los socialistas justifican que decayera a consecuencia de la convocatoria de elecciones generales en julio de 2023.

La propuesta insta al Ejecutivo español a regular los requisitos para la comercialización de juegos de loterías por entidades colaboradoras y por webs, aplicaciones u otros canales electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos de los puntos de venta que forman la red externa de los operadores habilitados.

Si atendemos al proyecto de Resolución emprendido a mediados de enero de 2023 y que permaneció sometido a información pública hasta el 1 de marzo de aquel año, proponía crear un sello o imagen identificativo que acredite el cumplimiento de prohibición de acceso al juego, entre otros requisitos.

Entonces conminaba a SELAE y ONCE la comprobación que los participantes en juegos de lotería no incurren en menores de edad, en el cobro de premios por importe de 2.000 euros o superior, o bien aquella cantidad que resulte como consecuencia de los establecido por la normativa de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

También aquel texto de 2023 determinaba que para comprobar que no se trata de menores el propio operador de loterías tenía que utilizar el Sistema de Verificación de Identidad de la DGOJ; en el caso de incapacitados legalmente o prohibidos mediante el sistema de acceso telemático del Registro General de Interdicciones al Juego de la DGOJ.