El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asegura que "estudiará la compatibilidad de la nueva ley maltesa con la legislación de la UE".

El posicionamiento comunitario es desvelado en la respuesta a una pregunta escrita formulada por la eurodiputada alemana Sabine Verheyen del grupo popular europeo quien se interesó por la nueva ley en materia de Juego y por eventuales vínculos entre las empresas residenciadas en Malta y su Gobierno. La respuesta descarta información sobre vínculos entre miembros del Gobierno de Malta y de la industria.

La respuesta de Reynders mantiene todas las expectativas sobre cuál puede ser la reacción. La Comisión Europea tiene potestad para emprender un procedimiento de infracción si entiende vulnerados los principios del Tratado, pero de momento nada ha trascendido.

Tal como informamos a mediados de junio, la ley maltesa previene las ejecuciones judiciales contra operadores licenciados bajo la Malta Gaming Authority: si la decisión judicial contradice o socava la prestación de servicios de juego regulada en Malta, ésta no puede aplicarse.

Cuando se promovió esta ley, varias jurisdicciones centroeuropeas habían emitido sentencias condenatorias hacia empresas residenciadas en Malta, pero con actividad en esos países.

Lo que se está jugando en este asunto es seguramente el principio de libre movimiento de bienes y servicios, uno de los pilares fundamentales del Tratado de la UE.