El 31 de diciembre venció la efectividad del decreto-ley aprobado por el Ejecutivo autonómico el 9 de diciembre de 2021, que prorrogaba el decreto-ley de marzo de 2020 que inicialmente había estipulado la suspensión de autorizaciones hasta el 31 de diciembre de 2021.

El decreto-ley del 9 de diciembre de 2021 era muy explícito porque afirmaba que su vigencia "no podía rebasar de la fecha del 31 de diciembre de 2023". Es decir, el reloj vuelve a ponerse a cero en este sentido en Canarias.

Es significativo porque aquel decreto-ley de diciembre de 2021 defendía "un análisis sosegado y riguroso de los datos con máxima participación de todos los actores implicados".

El criterio que prevalece desde el 1 de enero de 2024 es el determinado por la Planificación existente en Canarias y que determina el máximo de establecimientos de juego y de máquinas B por cada una de las islas del archipiélago.