Aplazamiento hasta 2023 de la edición 17 del Congreso, cuya sede será la ciudad de Valladolid en fecha "que será debidamente comunicada", pero que no puede ocultar el profundo malestar que sigue latente en medios empresariales por lo sucedido respecto de la cuota fiscal en las B que no pudieron operar por el "cierre por causa mayor".

Fue la propia Junta la que ayer comunicó oficialmente la decisión y, de esta forma, puso fin a todo tipo de rumores acerca de su celebración. En la misma se especifica el consenso de la Consejería de Presidencia y el conjunto de sectores del entretenimiento presencial privado.

La nota recuerda "la grave crisis sanitaria derivada de la Covid19, que interrumpió esta cita anual" y expresa el deseo de que en 2023 pueda retomarse "este encuentro casi obligado y nos permita volver a disfrutar de unos días de trabajo y ocio en la ciudad de Valladolid", concluye.

Las posibilidades de celebración siempre fueron escasas. La llegada de la nueva titular de Juego en la Dirección General Relaciones Institucionales de la Junta de Castilla y León, Irene Muñoz Vicente, había dado pábulo a una eventual celebración, máxime con un proyecto de reforma de la ley del Juego en tramitación.

La realidad de los hechos es mucho más tozuda y la nula adopción de alguna bonificación por los días de ausencia de actividad durante el período del confinamiento y posterior pandemia en 2020 y en los primeros meses de 2021 (restricciones de horarios, aforos y no consumo en barra) a cargo de la Junta o por la vía legislativa ha causado enorme mella. Mucho más si tenemos en consideración que la propia Administración autonómica se ha personado en cuantos recursos ante el TEAR y el TSJ de Castilla y León han sido emprendidos por las empresas operadoras para reclamar simplemente que las máquinas recreativas autorizadas no pudieron operar en sus establecimientos correspondientes (hostelería y locales de juego) por causa de fuerza mayor. En los procedimientos judiciales la Junta pedía "la desestimación por considerar que el acto administrativo impugnado es conforme a derecho".