El Gobierno sigue adelante con el proyecto de decreto-ley que preserva la figura del 'supervisor', pese al fuerte impacto en la credibilidad de gestión empresarial que entraña.

Las atribuciones otorgadas en esta iniciativa del Gobierno chino al 'supervisor' de las empresas privadas que son los operadores de Casino de Macao, incluyen la emisión del contrato para operar gestiones públicas, la utilización por el Gobierno de los activos propios o los beneficios financieros garantizados que únicamente puede garantizar el Gobierno.

El texto ha alcanzado su cuarta y última consulta pública, pero no aparenta que puedan haber grandes novedades respecto del criterio que se pretende impulsar en la figura del 'supervisor'.

Las manifestaciones procedentes del Gobierno de Macao contrastan con el silencio más absoluto de los concesionarios. El resultado de la consulta pública muestra el rechazo a esta injerencia en empresas privadas, pero que la intención de las autoridades de Macao sea avanzar en esta línea preserva el temor porque el término 'control' utilizado en el texto es antagónico con la libertad de empresa que esperan compañías de capital privado como los operadores de Casino.

Cuando en septiembre pasado adelantamos en JPnoticias este propósito gubernamental, la agencia Bloomberg estimó que la valoración en el mercado de los operadores con intereses en Macao se habría devaluado en torno a 18.000 millones de dólares ante la tentativa intervencionista.

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