Fiscalía Anticorrupción pide a la Intervención General de la Administración General del Estado que amplíe su informe pericial acerca del 'caso Soule' que pide imputar al que fuera presidente del Comité de Árbitros, Victoriano Sánchez Arminio, por un presunto delito de desviación de 8 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol tenía que destinar a los árbitros en una denuncia emprendida por LaLiga.

LaLiga percibe fondos de recaudación de las Quinielas, cuyo control y seguimiento tiene encomendado un órgano del CSD, a través de una serie de Convenios de Coordinación. Una de las obligaciones es que la aportación de dinero público se destine a sufragar justamente las derivadas del pago de los derechos de arbitraje de las competiciones profesionales de fútbol y que cualquier otro tipo de obligación a sufragar requiere la previa comunicación y el acuerdo favorable de la comisión del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Las sospechas de LaLiga son que parte de los honorarios y otros gastos arbitrales tuvieron por destino otro tipo de gastos diferentes a los previstos en los convenios. A todo ello se añade que los informes de la Intervención General del Estado han advertido irregularidades de diferente índole en las obras y en la construcción de varios campos de fútbol en España.

Los hechos analizados se refieren a los Convenios de Colaboración suscritos entre LaLiga y la RFEF en los años 2006, 2010 y 2014 por aplicación a fines distintos de los previstos. Sánchez Arminio fue presidente del Comité Técnico de Árbitros desde 1993 a 2019.

Determinadas aportaciones realizadas por LaLiga con la RFEF a través del Convenio de Coordinación suscrito revela que las aportaciones realizadas por LaLiga a la RFEF sobre honorarios arbitrales exceden de los gastos contabilizados por la RFEF en 7.999.013'18 euros relativos a estos conceptos. La diferencia no está justificada y no se habrían destinado a su fin, según la Fiscalía Anticorrupción.

El siempre controvertido destino del dinero de las Quinielas.