El proyecto de ley ha sido remitido al TRIS de la Comisión Europea para su evaluación y consideración por el resto de Estados miembros de la UE hasta el 4 de mayo de 2022.

Precisamente el Estado húngaro ha afrontado severas críticas de la Comisión Europea e incluso sentencias del Tribunal de Justicia de la UE en los últimos años por el marco político aplicado al Juego.

La pretensión de la ley en tramitación abre la puerta a operadores residenciados en el Espacio Económico Europeo (EEE) y aparentemente tampoco asignaría un límite para la actividad comercial, sino que corresponderá al mercado determinar el número de operadores.

Hungría prevé adecuar una condición impuesta por Países Bajos en su normativa: vetar la opción como operador de aquellos portales que hubieran ofertado contenidos a ciudadanos/as magiares ilegalmente; en este caso perfila incluso un margen de una década previa al inicio de la actividad legalmente autorizada.

El espíritu de la norma pretende afianzar un escenario de competitividad en el sector, pero con la exigencia de un plan de protección del jugador que tendrá que ser presentado al regulador para la supervisión, según los principios de juego responsable y protección del jugador.

La explotación de juegos online se limita desde 2014 a aquellos operadores con licencia para operar casinos presenciales, mientras que las apuestas deportivas han quedado al abrigo del monopolio estatal.