Los presidentes de ANESAR y CEJ, José Vall y Fernando Henar, respectivamente; el director General de CeJuego, Alejandro Landaluce; el secretario Técnico de FEJBA, Jesús Serrano; el secretario Estatal de Juego de UGT, Miguel Angel Rodríguez, y, el secretario Sectorial Federal de Hostelería y Turismo de UGT, Omar Rodríguez Cabrera rubricaron el Acuerdo Estatal para la Protección del Empleo en el Sector del Juego.

Encuentro en la sede central de UGT que transmitió "la preocupación por las decisiones que se están tomando en todo el territorio español que afectan directamente a la sostenibilidad de las actividades de Juego, a sus puestos de trabajo e incluso criminalizando a sus miles de profesionales".

Tanto FeSMC-UGT como las patronales empresariales coinciden que "las intenciones de algunas Administraciones públicas buscan limitar el funcionamiento de establecimientos ya abiertos, lo que representaría la pérdida de miles de puestos de trabajo en un momento de grave crisis económica, que golpea con especial dureza a las personas que trabajan vinculadas al ocio y a la hostelería".

UGT defiende que la regulación sectorial permite conciliar los intereses de todas las partes, particularmente la de los colectivos sociales más vulnerables. Por eso proteger el empleo es una prioridad fundamental en el acuerdo y es absolutamente compatible con el resto de marcos regulatorios y sociales".

El director General de CeJuego, Alejandro Landaluce, señaló igualmente que "no podemos admitir nuevas normativas que contemplen el cierre de establecimientos en funcionamiento y que cumplen con la legalidad. No sólo por el daño que representa en materia de empleo directo e indirecto, sino también porque sería aceptar un hito sin precedentes en nuestra democracia que va en contra de nuestros principios constitucionales. Necesitamos defender nuestro sector y asegurar a todas las familias que trabajan en él una estabilidad laboral".

El documento reivindica a los políticos del arco parlamentario estatal y de las Comunidades y Ciudades Autónomas la defensa de la dignidad de los/as miles trabajadores/as a partir del máximo respeto al cumplimiento de su función que se desarrolla con los máximos valores éticos y profesionales; la inclusión del sector empresarial del Juego dentro de los planes de ayudas de las Administraciones públicas destinados a paliar los efectos de la Covid, y; que toda medida que impacte en el empleo siempre obedezca al consenso alcanzado entre todos los actores que forman parte de la industria del Juego: patronal y sindicatos, empresas y personas trabajadoras, conjuntamente con la Administración pública, y siempre guiados por la intención de evitar el cierre de establecimientos y la pérdida de empleo.