PSOE y UPodemos introducen una enmienda al dictamen del texto finalmente aprobado, según el cual la empresa tendrá que probar su inocencia respecto de eventuales infracciones que hubiera cometido.

La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados ha sancionado favorablemente el proyecto que modifica puntualmente la ley 13/2011, de regulación del Juego. El dictamen ha reconocido las abstenciones de PP y Vox, y los votos favorables del resto de grupos.

Aunque el tema de la Apuesta ha figurado en el debate porque originalmente el núcleo gordiano de la reforma incidía en el Servicio de Investigación Global del Mercado de Apuestas (SIGMA), cuya existencia ya era una realidad, pero la ley pretende recoger nuevas funciones, lo cierto es que ha sido aprovechado por los grupos parlamentarios para incorporar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado podrán ceder los datos a los cuerpos policiales autonómicos conforme la ley orgánica 7/2021, de 26 de mayo.

Pero sin duda la enmienda final al dictamen que resulta ciertamente llamativa es la formulada por PSOE y UPodemos. Bajo el argumento de reforzar la capacidad sancionadora del Estado ante eventuales fraudes o abusos a los consumidores, corresponderá a la empresa "probar su inocencia respecto de aquellas posibles infracciones que pudiera haber cometido". Así pues, la inseguridad jurídica parece seguir siendo un factor que no pierde comba para las empresas operadoras que participan en el mercado Punto Es.