El abogado Carlos Lalanda reflexiona en las páginas de la revista Joc Privat (JP365/18 Octubre 2022) sobre las consecuencias y efectos de este documento capital que carece de precedentes o iguales en el ordenamiento del Derecho español.

Valoraciones que confirman el mantenimiento del estatus anterior, cuyo Acuerdo General precisamente venció en 2021 y reafirma la concesión del monopolio de la actividad empresarial de juego de ciertas loterías a la Organización.

Lalanda recoge la excepcionalidad del Acuerdo al no incorporar bajo el control de la ley estatal del Juego el régimen de Publicidad y las políticas de 'juego responsable' que son exigibles al resto de modalidades de juego. Además, en su condición de operador de Juego la ONCE queda exenta de prácticamente todas las normas de intervención que se imponen a otros operadores de licencias de explotación de juegos.

En síntesis, Carlos Lalanda resalta que el nuevo Acuerdo ONCE-Estado que se prolonga hasta el año 2031 constituye "un otorgamiento concesional 'excesivo' en el contexto del Derecho Europeo y Constitucional de intervención de juegos de azar, cuyos principios clave son 'la libertad de prestación de servicios y evitación de monopolios'".

Una interesante reflexión, inserta en una valoración más extensa, que recoge la revista Joc Privat y que permite entender el porqué este Acuerdo constituye un enorme riesgo para las Comunidades Autónomas al laminar sus competencias exclusivas de Juego y comprometer las políticas de Planificación tantas veces apeladas en el último año.