A buen seguro se trata de la partida más rentable para DGOJ/Ministerio de Consumo dentro de sus funciones regulatorias del Juego de alcance estatal hasta el punto que su previsión recaudatoria en 2023 ha aumentado en +8'19 millones de euros.

La exacción es abonada básicamente en los dos primeros meses de cada ejercicio por los diferentes operadores obligados, aunque siempre hay restos que se incorporan en los meses siguientes. Hasta el 31 de marzo de 2023 el ingreso efectivo contabilizado por la DGOJ se situaba en 29'22 millones de euros, lo que significa un mínimo incremento respecto de los 29'17 millones de euros al finalizar el mes de febrero.

La cantidad ingresada a 31 de marzo representa un aumento del +5'5% respecto de los 27'68 millones de euros que en esa misma fecha de 2022 habían sido ingresados.

Tal como informamos en ediciones precedentes, Hacienda es consciente de la relevancia al alza de la 'tasa de gestión administrativa del juego'. En 2023 ha revalorizado la previsión recaudatoria hasta los 31'68 millones de euros cuando en el ejercicio precedente se había limitado a 23'49 millones de euros.

Una parte de lo recaudado por este capítulo revierte en los programas impulsados por el Ministerio de Consumo a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado a entidades o asociaciones involucradas en atención a patologías de juego y centros hospitalarios especializados en esta misma materia.

La 'tasa' no es aliena a la polémica sobre su condición. A juicio de Carlos Lalanda (Loyra Abogados), en realidad se trata de un 'impuesto' susceptible de ser contrario a los ordenamientos tributarios español y europeo porque su base imponible se corresponde con los ingresos brutos de explotación: unos pagan más y otros menos en función de su actividad. "Constitucionalmente los impuestos están previstos para sostener los gastos públicos, y no al revés, que es justamente lo que sucede con esta 'tasa'", sostiene.