"Para los juegos de lotería de reserva estatal la regulación es mucho menos restrictiva que la exigida a los operadores que desarrollan su actividad en el territorio de Castilla y León", sentencia el dictamen del Consejo Económico y Social.

El texto adicionado por el grupo popular en el artículo 12.5 del proyecto de ley del Juego de Castilla y León por el que no es exigido título habilitante para instalar terminales de ONCE y SELAE no ha pasado desapercibido para el Consejo Económico y Social en el instante de emitir sus valoraciones.

Al literal indicado anteriormente, explica en la Observación Particular Cuarta del documento que adjuntamos, que el proyecto de ley establece "diferencias por la naturaleza pública o privada de la oferta" (...) "en el establecimiento de límites económicos a premios, restricciones publicitarias". Y, además, en la página 22 señala textualmente que la desigualdad "es un perjuicio añadido de impacto tributario a la Comunidad de Castilla y León al no tributar las entidades de carácter público y sin olvidar las repercusiones sociales por cómo puede afectar este tipo de juego entre la población especialmente más joven al no estar obligados al control de acceso al juego".

El CES elogia la creación de la Mesa de Juego Responsable y la Mesa Intersectorial de Agentes del Sector. En la página 17 del documento adjunto se vale de la definición de 'juego responsable' utilizada por la DGOJ dependiente del Ministerio de Consumo, cuyos titulares políticos paradójicamente se adscriben a una formación política que en reiteradas oportunidades ha rechazado públicamente la existencia del 'juego responsable'.

En otro punto el CES recalca que "resulta igualmente necesario garantizar el desarrollo de la actividad empresarial con la adecuada seguridad jurídica del interés económico que impulsa empleo y desarrollo económico".

Respecto de la introducción de controles de acceso a los Salones de Juego CES pide que "la Administración facilite los medios técnicos necesarios para que las instalaciones de los controles no sean excesivamente gravosas para las empresas".