Aunque el real decreto de Comunicaciones Comerciales sigue vigente, la poco habitual iniciativa del Supremo, que prácticamente actúa de oficio, pone en tela de juicio la disposición 958/2020, de 3 de noviembre, al entender que las restricciones de publicidad, patrocinio y promoción allí descritas necesitan ser implementadas por ley.

La esperada decisión a los recursos planteados en su día por Jdgital y la Asociación de Medios de Comunicación (también LaLiga) contra el real decreto de noviembre de 2020 se ha hecho de rogar en el tiempo. Pero cuando se ha producido lo ha hecho con un brusco giro: el Tribunal Supremo halla dudas en la regulación vía real decreto adoptada porque podría contravenir el principio constitucional de libertad de empresa y libertad de comunicación. Al no despejarlas, el Tribunal opta por depositar en el Tribunal Constitucional esa aclaración. De ahí que vía Providencia plantee sus dudas ante la eventualidad de una inconstitucionalidad, si bien fuentes jurídicas consultadas por JPnoticias señalan esperar con gran interés el contenido del Auto que el Supremo eleve al Tribunal Constitucional para poder extraer conclusiones más específicas sobre este tema que subordinó por entero la estrategia e inversión publicitaria y promocional, entre otros, de operadores y afiliados del sector del Juego Online en España desde finales de 2020 en adelante.

El redactado del artículo 7 de la ley estatal del Juego está focalizado en la publicidad, el patrocinio y la promoción de las actividades de Juego. En el caso concreto del artículo 7.2 dispone que "reglamentariamente se establecerán las condiciones que se incluirán en los respectivos títulos habilitantes de la autorización de la actividad publicitaria y sus límites y, en particular, respecto del envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente, la inclusión de anuncios u otras modalidades publicitarias de los juegos, la actividad de patrocinio en eventos deportivos que sean objeto de apuestas, la inserción de carteles publicitarios de actividades de juego en lugares que acojan eventos cuyos resultados sean objeto de apuesta, el desarrollo de concursos televisivos y cualesquiera otra que se establezca reglamentariamente".

El Tribunal Supremo halla razones para considerar que la cobertura legal otorgada por el Gobierno puede ser inconstitucional "porque puede violar los artículos 38 y 53 de la Constitución española, que protege derechos básicos, entre ellos la libertad de comunicación".

Hasta principios de la segunda semana de junio todas las partes implicadas en el recurso (disponen de diez días) pueden presentar sus argumentaciones acerca de la Providencia adoptada por el Tribunal Supremo y la eventual inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley estatal del Juego.

 

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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