El colectivo empresarial de Salones de Juego aprovecha el período de alegaciones al proyecto de requisitos para comercializar juegos de loterías por entidades colaboradoras y webs de la red externa de operadores habilitados emprendido por la DGOJ para exponer su reclamación.

Solicita que los puntos de venta físicos de los operadores públicos de SELAE y ONCE comprueben siempre, y previo al acceso al juego, la edad de los participantes y su no inclusión en los Registros de Interdicción de Acceso al Juego. Además, requiere un sistema de inspección para su verificación y que el incumplimiento de las obligaciones conlleve las mismas consecuencias para los titulares de establecimientos de gestión privada.

El presidente de ANESAR, José Vall, estima "relevante", por novedosa, la declaración y reconocimiento expreso de los efectos perniciosos que los juegos de gestión pública y ONCE pueden provocar en las personas. "Es oportuno celebrar la toma de conciencia. Si se pueden derivar una serie de efectos perniciosos en la relación de algunas personas con el juego, cabe predicar exactamente igual respecto de cualquier tipo de juego independientemente de su titularidad".

Vall lamenta que gestionando el Gobierno de España un registro de Interdicciones de Acceso al Juego éste no se utilice para los juegos de titularidad pública. "El proyecto de Resolución no plantea la utilización del Registro para el acceso y, en cambio, sí lo permite en el supuesto que, una vez se ha accedido al juego, se pretenda cobrar un premio, si hay derecho a ello, cuando éste sea superior a 2.000 euros".