El Gobierno del archipiélago caribeño pide a la Organización Mundial del Comercio (OMT) que inste a Estados Unidos poner fin a una disputa que se arrastra desde hace décadas.

En 2003 Antigua & Barbuda llevó el asunto a la OMC y años después ganó el derecho a ser compensado con 21 millones de dólares anuales, luego que resolviera la Organización que Estados Unidos practicaba una política discriminatoria en materia de Juego.

Sin embargo, el Gobierno de Estados Unidos no ha satisfecho estas cuantías compensatorias, lo que desde Antigua & Barbuda se observa como un agravio para sus finanzas.

El asunto regresa a la actualidad porque Antigua & Barbuda ha urgido a Estados Unidos a través de la OMC "a esforzarse y llevar este asunto a una conclusión satisfactoria".

La respuesta de Estados Unidos ante la OMC ha sido de "voluntad de trabajar" para resolver la disputa, "pero los esfuerzos tienen que ser genuinos y dirigidos en hallar una resolución".

La OMC admite que este tipo de disputas constituyen una piedra de toque para determinar si el sistema de resolución de conflictos en el seno de la Organización puede proporcionar beneficios que sean válidos para economías pequeñas y vulnerables.