Las dos asociaciones empresariales del sector Salones cuestionan la continuidad del director General al frente de sus responsabilidades y prevén trasladar las actuaciones precisas ante la CNMC y otras instituciones españolas y europeas a propósito de "los privilegios regulatorios de ONCE y Loterías del Estado".

Así se expresó ayer el presidente de ANESAR, José Vall, en un comunicado conjunto de las dos asociaciones, donde cuestionan "la ruptura de la imprescindible neutralidad de la Administración que debería, desde el respeto competencial, regular para el conjunto del sector y no beneficiar a unos y perjudicar a otros".

ANESAR y AESA-Aragón expresan "alarma" ante el profundo desconocimiento del sector del Juego que Arana mostró durante su intervención. "Por ejemplo, confunde competencias autonómicas con estatales al indicar que el control de acceso de los juegos públicos corresponde a las Administraciones autonómicas".

Ambas entidades señalan que el argumento que utiliza el Ministerio de Consumo y algunas autonomías para cerrar locales y revocar licencias en ras de "proteger colectivos vulnerables es falso porque sólo afecta al sector privado, que no es el mayoritario, ni el que más problemas genera en este tipo de colectivos, como demuestran las encuestas EDADES y ESTUDES del Informe de Adicciones Comportamentales 2021. Precisamente a SELAE y ONCE se ofrece todo tipo de facilidades, tanto para la apertura de puntos de venta como para crear nuevos juegos", explica Vall.

Denuncian la ausencia de controles en administraciones de lotería y juegos de la ONCE que se venden en oficinas públicas como Correos. "Esos colectivos vulnerables pueden optar al juego público sin problemas y optar a cuantiosos premios animados por toda su potencia promocional y respaldo publicitario", apunta José Antonio Rubio, presidente de AESA.

Las dos asociaciones no tienen duda que la regulación tiene el objetivo de acabar con el sector privado y que la oferta de juego sea un duopolio de SELAE y ONCE. "Infoadex resalta que SELAE y ONCE son los dos grandes inversores publicitarios de España, mientras el sector privado tiene prohibida la publicidad".