La partida más rentable de la DGOJ/Ministerio de Consumo dentro de las funciones regulatorias del Juego de alcance estatal que desempeñan ya alcanza los 29'39 millones de euros.

Aunque es cierto que se trata de una exacción que los operadores obligados abonan principalmente en los dos primeros meses de cada ejercicio los registros de recaudación del Ministerio de Hacienda recogen un nuevo incremento en la cifra de ingreso, que aumentó ligeramente respecto del dato relativo a 2022.

Los 29'39 millones de euros referidos a la contabilidad del 30 de abril de 2022 significan un crecimiento interanual en esa fecha del +5'7%.

Tal como informamos en ediciones precedentes, Hacienda es consciente de la relevancia al alza de la 'tasa de gestión administrativa del juego' y en 2023 la revalorizó más si cabe aumentando la previsión recaudatoria hasta los 31'68 millones de euros cuando en el ejercicio precedente se había limitado a 23'49 millones de euros.

Parte de lo recaudado por este capítulo revierte en los programas impulsados por el Ministerio de Consumo a través de la ley de Presupuestos Generales del Estado a entidades o asociaciones involucradas en atención a patologías de juego y centros hospitalarios especializados en esta misma materia.

La 'tasa' no es aliena a la polémica sobre su condición. A juicio de Carlos Lalanda (Loyra Abogados), en realidad se trata de un 'impuesto' susceptible de ser contrario a los ordenamientos tributarios español y europeo porque su base imponible se corresponde con los ingresos brutos de explotación: unos pagan más y otros menos en función de su actividad.