El consejero de Hacienda habla de "progresismo", C's recuerda que la norma "carece de influencia sobre el juego online" y el PP lamenta la "criminalización de un sector cuando los primeros interesados en que no entren menores son los propios trabajadores del sector".

Como siempre en estos casos, habrá que leer con detenimiento la nueva ley del Juego, que ayer fue aprobada por Las Cortes de Castilla-La Mancha y cuyo desenlace claramente restrictivo y especialmente duro para los establecimientos de juego no puede obviar la labor de sensibilización que desde las patronales FAMACASMAN y AESCAM han proyectado en estos últimos meses paliando muchas de las medidas absolutamente desproporcionadas que planteaba el texto original elaborado por el consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz.

En la votación final el grupo socialista aceptó la transaccional de C's para proporcionar mayor margen de tiempo a las empresas de los establecimientos de juego con el fin de adaptarse a los requisitos de distancia impuestos en la nueva norma: 31 de diciembre de 2029.

El debate en sí no ha aportado grandes novedades. El discurso ha vuelto a mezclar un escenario que proyecta una realidad equívoca y desenfocada sobre el rol de la oferta de juego de entretenimiento de titularidad privada que deriva en el alentamiento de una alarma artificialmente promovida. Ha sido el acercamiento de los grupos parlamentarios al empresariado lo que ha permitido reconducir mínimamente un dibujo que, sin embargo, no evita el mantenimiento de inseguridad jurídica en la gestión del empresariado que en los últimos años ha desarrollado un programa de inversiones.

Afortunadamente ayer en la defensa de su voto C's, a través de David Muñoz, puso en valor la Planificación existente en los últimos años, además de recordar que por muchas referencias realizadas al Online, éste queda ajeno al alcance de la nueva ley. Igualmente Miguel Ángel Rodríguez del grupo Popular criticó al PSOE que no se llegara a un consenso sobre el 'silencio administrativo negativo' y aspectos como la presión tributaria o el régimen sancionador.