Las referencias del ejercicio 2020 muestran una vez más a las claras el impacto de la coyuntura económica y social derivada de la pandemia justo en el año precedente a la tramitación de la reforma de la ley del Juego de Castilla-La Mancha.

La demagogia es antagónica a la realidad objetiva de las cifras. La repercusión de la Covid en la actividad de las empresas operadoras de Castilla-La Mancha ha sido enorme. Pudimos comprobarlo en las medidas de bonificación que la Junta adoptó para el período del confinamiento y las que aparentemente ha comprometido con vistas al primer cuarto de 2021 como mínimo. Y ahora puede apreciarse en la incidencia sobre el parque sectorial en la comunidad.

Finalmente el parque B se redujo en 727 unidades respecto de los guarismos relativos al concluir 2019, como consecuencia de las 752 bajas definitivas y las 140 altas tramitadas a lo largo del período. Sin duda, el dato más significativo remite a las 573 bajas definitivas formalizadas en la demarcación provincial de Toledo; es una cifra sin parangón que representa el 76'19% de todas las tramitadas en el ejercicio.

Los operadores activaron la opción de la baja temporal para otorgar oxígeno a sus explotaciones. El ejercicio 2021 comenzaba con 354 B acogidos a esta figura tributaria que espera una coyuntura más favorable; es una cantidad elevada: respecto de las vigentes en el primer semestre de 2020 significa un alza de 111 unidades.

Los establecimientos de juego, entendiendo como tales también los específicos de apuestas y de casino, vieron el cierre de 10 locales durante el ejercicio. La provincia de Albacete vio la pérdida de 2, y las de Cuenca y Toledo, 1 cada una. La oferta de locales de juego con juegos de casino eliminó una de sus alternativas al pasar a ser únicamente establecimiento de juego. Y el impacto más notable se produjo en los establecimientos específicos de apuestas con 6 cierres confirmados.