En esta truculenta historia el primero es acusado de quedarse con una Primitiva millonaria por importe de 4'7 millones de euros y su hermano que, a la sazón, era el delegado de LAE en el momento de producirse los hechos en 2012, de blanqueo de capitales o encubrimiento.

Fiscalía pide una pena de 6 años de prisión por un delito de estafa o alternativamente de apropiación indebida para el lotero. En el caso de su hermano solicita la misma pena por blanqueo de capitales o, de forma alternativa, tres años de cárcel por encubrimiento.

La Audiencia Provincial de A Coruña admitió el criterio de Abogacía del Estado, que acordó el sobreseimiento provisional de la causa respecto de otros cuatro investigados, que también eran altos cargos de Loterías del Estado cuando se produjeron los hechos.

En el escrito de Fiscalía remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de A Coruña defiende que el presunto titular del boleto acudió al establecimiento del lotero para comprobar si los boletos que tenía estaban premiados. El lotero tenía la obligación de devolver el resguardo premiado a su titular para que procediese al cobro del premio. Pero Fiscalía sostiene que el lotero se quedó el resguardo conocedor del alto importe del premio, junto con el resto de boletos y no comunicó al apostante este extremo, ni le devolvió resguardo y comprobante expedido por el terminal.
Según la descripción de Fiscalía, el lotero acudió ese mismo día a la Delegación Provincial de Loterías y Apuestas del Estado de A Coruña, cuyo titular era su hermano, para acelerar los trámites del cobro del resguardo, prescindiendo de cualquier procedimiento reglado y como si fuera su legítimo poseedor.

El hermano, según la descripción de Fiscalía, se dispuso a allanar el camino con actos tendentes a disfrazar el verdadero origen del boleto a los efectos que pudiese hacerse efectivo el premio. Acusa al responsable de la Delegación de omitir toda actuación como delegado provincial que pudiese servir para verificar el origen real del boleto.

A partir de ese instante ambos desplegaron una actuación continuada para evitar la incoación de procedimientos civiles de reclamación de la titularidad del boleto que actualmente sigue depositado en SELAE sin que se haya producido el cobro.