El documento elaborado por el equipo del Programa de Prevención de Tecnoadicciones y otras Conductas, y aparentemente apoyado por las Consejerías de Sanidad y Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, los Cabildos de Gran Canaria y Fuerteventura, y del Ayuntamiento de Las Palmas concluye que "el 89% de quienes reconocen tener problemas por el juego de azar es población menor de edad".

Se acerca el 29 de octubre, Día sin Juego de Azar, y en este período veremos sin duda insólitas informaciones plagadas de sorprendentes conclusiones que, como en el de Canarias, yerran ya en el primer gran punto (porque las preguntas y las tablas con sus resultados no aparecen): incapaz de precisar que la oferta de apuestas deportivas o ruleta (modalidades citadas en el documento que ofrecemos adjunto) en el mercado regulado sólo está al alcance de los mayores de 18 años. Es decir, supuestamente los menores que atienden el cuestionario estarían accediendo a juegos ilegales.

Ante este tipo de documentos, el Ministerio de Consumo y la DGOJ tendrían que salir al paso de inmediato porque los indicadores que aporta el Estudio de Canarias da a entender que los menores de edad entran con facilidad en las modalidades de juegos de azar regulados por la DGOJ.

Otra de las lagunas que destila el Estudio que adjuntamos de Fundación Adsis no indica en ningún momento a qué portales de apuestas deportivas y apuestas acceden los encuestados. Sería relevante porque sabríamos si se trata de legales o no.

La lectura del Estudio no puede por menos que causar asombro. Deliberadamente ya se comete la falacia de crear una franja de 17 a 20 años en la que se aproxima una edad que incapacita per se el acceso al juego regulado (no sorprende porque es casi habitual) y tres en la que sí.

Se concluye incluso de fracaso "al intentar dejar de jugar a juegos de azar". Nada menos que el 89'1% de quienes confiesan este fracaso se corresponde con menores de edad.

Les dejamos el Estudio adjunto para que alucinen con la Encuesta y sus conclusiones. ¿Habrá reacción oficial de la DGOJ o del Ministerio de Consumo? Es un clásico desde su constitución que la DGOJ no reaccione ante este tipo de estudios: callada por respuesta.