El conseller de Hisenda, Vicent Soler, legitima el texto reglamentario que desarrolla la nefasta ley del Juego que, si no lo remedia la cordura política o la consideración de los tribunales, aboca al precipicio a las empresas y trabajadores de la gran mayoría del sector de titularidad privada del juego de entretenimiento en Comunidad Valenciana.

Es la consecuencia de una ley del Juego aprobada sin ningún atisbo de consenso que desde el primer momento buscó describir un escenario irreal y apocalíptico, absolutamente condicionado por un discurso ideológico, y cuya aprobación (lo mismo que el decreto de Medidas Urgentes aprobado por el Consell el pasado viernes 19 de julio) carece del Estudio de Impacto Social que justificaría precisamente la adopción de medidas tan drásticas.

0A buen seguro la reacción a esta medida pasa por acudir a los tribunales. Se anuncian recursos judiciales por parte de las asociaciones empresariales representativas del sector, pero también de Hostelería y de otras organizaciones sociales, conscientes del impacto de la misma. No es descartable en este sentido la solicitud de medidas cautelares.

Durante la presentación del decreto el pasado viernes la Generalitat volvió a apelar a su condición "pionera".

Efectivamente, busca la anulación del sector del juego de entretenimiento privado, pese a que los propios miembros del Govern han reconocido públicamente el "absoluto cumplimiento y la ausencia de incidentes" (así lo hicieron durante la presentación de la Memoria del Juego de 2019, incluida Mònica Oltra).