El Parlament balear impulsa una proposición no de ley para pedir al Estado la prohibición del uso de tarjeta de crédito en modalidades de juego online, y también en el presencial autonómico que ya lo impide en su propia normativa, que está plenamente en vigor hasta el punto de sancionarse con hasta 450.000 euros y eventual revocación de la licencia.

El ámbito de actuación del Parlament balear impulsa una iniciativa que ya está recogida como inviable en la propia legislación del Juego de Baleares: la imposibilidad de utilización de tarjetas de crédito para desarrollar actividades de juego en los establecimientos de juego. Sin embargo, la necesidad de seguir alimentando un debate ficticio, pero sí muy interesado por determinadas formaciones políticas con el fin de preservarlo entre las supuestas alarmas sociales, y refiriendo que la normativa estatal vinculada al juego online sí capacita la utilización de tarjetas de crédito, ha animado una promoción que vincula unos supuestos ciertamente sorprendentes.

Si a nivel autonómico está prohibido y a nivel estatal la DGOJ no ha comunicado en ninguno de sus informes trimestrales, anuales o del Perfil de Jugador Online incidencias en el comportamiento de los usuarios del mercado Punto Es que permitan interpretar o evidenciar la existencia de problemáticas graves asociadas con el endeudamiento, ¿cuál es el sentido?

Desde Més per Mallorca (formación soberanista) y Unidas Podemos el guión de las exposiciones realizadas ayer en el legislativo autonómico giraron en torno a que "el endeudamiento es una de las principales consecuencias de la adicción al juego de personas con ludopatía, y tal circunstancia supone un impedimento para su rehabilitación". Naturalmente las afirmaciones realizadas en sede parlamentaria abundaron en las ya clásicas referencias a 'barrios humildes', 'personas vulnerables' y el habitual rosario de mantras que desde hace por lo menos tres años vienen repitiéndose constantemente.

Una vez más, preguntamos a la DGOJ si dispone de argumentos que permitan ilustrar las conclusiones promovidas por Més per Mallorca y Unidas Podemos entre sus clientes Punto Es. Al Govern balear no se le puede plantear la cuestión, pues las inspecciones policiales de los últimos años niegan tales hechos y porque ya rige la prohibición en el artículo 28.n) de la ley del Juego 8/2014, de 1 de agosto, so pena de infracción considerada muy grave, que textualmente dice:
"conceder o permitir que las entidades o empresas titulares organizadoras o explotadoras de estas actividades o personas al servicio de la empresa o personal empleado o directivo de los establecimientos concedan préstamos o créditos a jugadores o apostantes". La multa está tipificada de entre 30.001 a 450.000 euros.

Más adelante, el artículo 33 de la ley del Juego de Baleares determina para estos casos "la revocación de la autorización, el cierre o clausura del local y la inhabilitación de autorizaciones, entre otras medidas".

La PNL aprobada ayer había sido promovida por Més per Mallorca, que como ya hiciera días atrás Compromís, ha incluido igualmente pedir a la Administración central que se grave con el IVA a todos los juegos de azar.