El vicepresidente del Govern balear, Juan Pedro Yllanes, anuncia planes anuales de inspección en el Juego y pide una colaboración de la Brigada de Juego de la Policía Nacional, que ya existen desde los acuerdos de traspaso de competencias a Baleares en 1994.

Sobrevenido comunicado el día de ayer del estamento regulador de Juego para revisar los lotes publicitarios de la Administración autonómica al temer que existieran elementos que promocionaran juego y apuestas.

No hubo apenas aumento de establecimientos de juego en Baleares en 2018, y sí la adecuación de sus superficies a las zonas de apuestas en la generalidad de los mismos.

El presidente del colectivo de empresas operadoras balear, Guillem Coll, reconoce "aspectos positivos", pero lamenta también "no haber profundizado en la tramitación electrónica".

El recurso se plantea a 16 apartados del articulado y a todos los anexos del decreto 43/2019, en la mayoría de casos por contradecir lo explicitado en la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo.

El colectivo empresarial de Operadores convoca una asamblea extraordinaria para concretar una estrategia concreta que aborde la problemática.

La asamblea de ACOMAM requiere la intervención de la Inspección de Calidad, Organización y Servicio del Govern de Baleares para que evalúe la situación del Servicio de Juego y que la Comisión de Juego cree un grupo de trabajo permanente con reuniones mensuales de seguimiento.

Las dos asociaciones empresariales de Máquina B y Salones solicitan al Govern el "aplazamiento de la tasa de juego del segundo trimestre y la suspensión temporal de las autorizaciones de explotación de las máquinas B sin límite porcentual sobre el parque de máquinas de la empresa a partir del 14 de marzo".

El servicio de control y admisión en los Salones será exigible a los operadores a partir del 18 de noviembre de 2019.

Hoy miércoles rigen las dos nuevas normativas que intentan superar una serie de eternas carencias sin despejar si ACOMAM recurrirá el texto de Máquinas como avanzó.

La decisión de la Agència Tributària de Illes Balears (ATIB), la primera de carácter autonómico hasta ahora, toma como base el artículo 14 del real decreto-ley 7/20, de 12 de marzo, relativo a medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19.

La Conselleria de Salud y Consumo concreta en 148 las personas atendidas en 2018 por eventuales patologías derivadas de una mala praxis del juego.

Una nota informativa signada el 18 de marzo por el administrador tributario de la ATIB, Justo Roibal, descarta las alternativas que originalmente el pasado martes sí eran consideradas.

Al igual que en los últimos años, la medida está subordinada al cumplimiento de una serie de requisitos y se refiere al 100% de la parte del IAE por el aumento del número de mesas de juego.

El diputado Juan Manuel Gómez, que preside la Comisión de Salud del Parlament balear, registra una batería de preguntas de control sobre la materia al Ejecutivo autonómico.

Ciudadanos justifica una moratoria municipal temporal de licencias de apertura municipales de Salones en Palma "a la espera de un decreto estatal de planificación".

La Direcció General de Comerç i Empresa determinará discrecionalmente el presupuesto que pueda merecer este organismo que se centrará en el análisis de los sectores del juego online, videojuegos y sus adicciones derivadas, y "evaluación de acciones contra la ludopatía".

La comparecencia del vicepresidente, Juan Pedro Yllanes, en la Comisión de Economía del Parlament balear admite que la legislación del Online "escapa a las manos de la Administración balear".

Socialistas, Més, Unidas Podemos y C's, bien desconocen la documentación emitida por el Ministerio de Consumo sobre el alcance del impacto del juego online en España, bien no se la creen.

Numerosas asociaciones empresariales piden a Cort "medidas serias y urgentes para sobrevivir a la crisis sanitaria y económica", además de un Plan de Promoción Turística contundente.

Una enmienda de Podemos, formación que asume la competencia Juego en el organigrama del Govern conjuntamente con PSIB y Més, echa para atrás la propuesta que presentaba la consellera de Hacienda, Rosario Sánchez.

El BOIB de Baleares del sábado 1 de junio publicó la Ordenanza que revisa el catálogo de infracciones y sanciones para el fomento de la convivencia de Calviá e incluso determina cuantías.

La realidad de los hechos objetivos vuelve a desmontar afirmaciones cuantitativas sobre número de Salones en un determinado territorio urbano como las que atribuían a este distrito mallorquín más de veinte.

El Consell Econòmic i Social de Baleares pide igualmente que los numerosos anexos a los cuales se alude en el redactado del texto de Máquinas, en conexión directa con el articulado, sean incorporados al reglamento, o bien se supriman sus referencias.

El Ayuntamiento manacorense propone al Govern balear financiar el espacio con fondos procedentes del Impuesto del Turismo Sostenible.

El fallo legitima los argumentos de Cort, que negaban la autorización a locales de más de 300 metros cuadrados que no tuvieran plazas de parking o estuvieran contiguos a la vivienda.

La Comisión de Juego de Baleares amplía su composición para incluir un representante del Juego Online y crear un Observatorio específico sobre este canal, a sabiendas que no existe actividad autonómica en el mismo.

SAREIBA interviene en el reportaje como representante de la patronal de Salones de Juego de Baleares.

La Administración balear excluye "expresamente" a las empresas de Juego de la posibilidad de acceder a las ayudas financieras a micro y pymes con actividades en su territorio vía avales otorgados por la sociedad de garantía recíproca ISBA.

La Secretaría del Consejo de Unidad de Mercado dependiente del Ministerio de Economía, reconoce "ausencia de compromiso de la Administración autonómica", pese a que el artículo 12 de la LGUM "también afecta a las autoridades municipales e insulares".

La Diputación Permanente del legislativo balear validará o derogará tres decretos-ley, uno de ellos sobre aplazamientos sin intereses de los tributos cedidos, excepto presumiblemente los de Juego.

Las B especiales y las B exclusivas de salas de juego aumentaron en 41 y 59 unidades, respectivamente, en coherencia con el proceso inversor que afrontaron los Salones de Juego.

El TS inadmite el recurso de casación presentado por el Govern balear contra el fallo de un juzgado de Palma que rechazaba la sanción a una empresa operadora aduciendo el descuido e impone el pago de las costas procesales a la Administración autonómica.

La sala de lo Contencioso del TSJIB acepta la impugnación que planteó ACOMAM en junio de 2018 a la Instrucción 1/2018, de 22 de mayo, y que el Govern ya ha decidido no recurrir.

El veterano operador cumplió el martes tan reconocida edad manteniéndose al frente de la operadora mallorquina que fundó.

La SECUM estima que no hay "razones imperiosas" de interés general en materia de salud pública que impidan esta interpretación en la reglamentación de Baleares.

La componente preventiva y sanitaria polariza la nueva Comisión de Jugo de Baleares que incluyó a los representantes de Salud Pública de los Consejos Insulares.

El documento expuesto ayer será remitido a la Federación de Fútbol de Baleares "para fijar límites concretos conjuntamente en la toma de conciencia entre lo que es deporte lúdico y apuestas".

El Consell Executiu de Mallorca aprueba partidas trienales que superan el millón de euros anuales para la bolsa de premios de las carreras en dos hipódromos, además de otras especies.

Los ingresos líquidos de la Agencia Tributaria de Baleares procedentes de la tasa de juego en las B y C alcanzaron los 22'41 millones de euros, el mejor registro desde 2012.

La Policía Nacional detiene a un joven de 19 años implicado en el robo y mantiene abierto el operativo por la presunta implicación de más personas.

El artículo 51 del anteproyecto de ley, en período de alegaciones por la Dirección General de Salud Pública del Govern balear, define diversas acciones que tienen que ser acometidas por los titulares de establecimientos de juego y apuestas.

Los letrados Bartolomé Borrás y Francesc Grimalt alertan sobre el vacío legal que puede haberse abierto en Baleares ante la presunta "inaplicabilidad" de la ley 8/2014, de 1 de agosto.

Como quiera que la ley del Juego estipuló el criterio del silencio administrativo negativo, la mayor parte de trámites ante el Govern preservan este desafortunado criterio procedimental.

El programa presupuestario destinado en 2020 revela una disminución superior a los 400.000 euros respecto de lo previsto justo un año atrás.

El nuevo director General de Comerç i Empresa y titular de Juego quiso conocer personalmente al equipo que gestiona Juego en el Govern el mismo día de su nombramiento.

Las recomendaciones, no vinculantes, recuerdan aspectos regulatorios de obligado cumplimiento para los establecimientos de juego en Baleares y un listado de direcciones de contacto para eventuales atenciones socio-sanitarias.

El Govern balear, que mantiene las cinco solicitudes de licencia en tramitación, se otorga un plazo de 24 meses para elaborar un decreto de Planificación, aunque el número de Salones en 2019 apenas creció en dos locales en términos absolutos.

El consistorio mallorquín rechaza formalmente las casas de apuestas y salones de juego en las cercanías de centros escolares.

La Direcció General d'Economia i Empresa del Govern balear hace balance de la aplicación del régimen sancionador en 2018, pero no se refiere a la sentencia que cuestiona la efectividad de al menos una parte de la ley del Juego.