La derogación del tributo propio no significa eliminar la subrogación obligatoria en la relación de la empresa operadora con el bar, ni la duración de la relación contractual vigente en 5 años.

El anuncio realizado por Isabel Díaz Ayuso el primer día de septiembre pasado ya figura en la redacción del proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid 2022 que ayer fue adelantado por la propia Díaz Ayuso, el portavoz Enrique Ossorio y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty.

Estiman que esta eliminación "ayudará a la recuperación económica y suprimirá trabas para el desarrollo de la actividad, lo que favorecerá la creación de empresas y la expansión de las ya existentes".

La buena noticia que significa la supresión de este Impuesto que en 2020 supuso el ingreso de 1'20 millones de euros al erario autonómico no fue óbice para que simultáneamente se desataran las alarmas ante el hecho que el mismo ámbito legislativo en el cual se movió la instauración del impuesto conllevaba dos elementos trascendentes en la relación de la empresa operadora y el establecimiento de hostelería: la subrogación obligatoria en el supuesto que el traspaso del bar conllevara la denuncia del nuevo titular del establecimiento y la duración del boletón por espacio de 5 años. Según fuentes oficiales consultadas por JPnoticias, la supresión no incluirá retoque alguno en ambos elementos.