En 2021 la percepción de ingresos de la Organización por subvenciones a la contratación y a la educación, entre otras, alcanzó los 2'67 millones de euros, lo que significó un descenso del -11'29% respecto de 2020.

La Comunidad de Madrid con 1'51 millones de euros es holgadamente la Administración que reportó en 2021 una mayor cantidad de dinero en subvenciones públicas a la ONCE, que hay que entender dirigidas al ámbito social desplegado por la Organización. La importante cifra es, sin embargo, inferior a la entregada en el ejercicio 2020 cuando la Administración madrileña habilitó en sus cuentas públicas un total de 1'86 millones de euros focalizados en la ONCE.

La Auditoría anual de la ONCE distinguió en 2021 los 1'35 millones de euros percibidos en razón de subvenciones a la contratación (1'52 millones de euros en 2020), los 1'06 millones de euros a cuenta de subvenciones a la educación (0'93 millones de euros en 2020) y 0'25 millones de euros por 'otras subvenciones' (0'56 millones de euros en 2020).

En el capítulo relativo a contrataciones la relación en 2021 incluye a la indicada Comunidad de Madrid (0'34 millones), Junta de Castilla-La Mancha (0'29 millones), Gobierno de Canarias (0'24 millones), Región de Murcia (0'18 millones), Gobierno País Vasco (0'07 millones), Gobierno de Navarra (0'07 millones), Xunta de Galicia (0'05 millones), Gobierno de Cantabria (0'05 millones), Gobierno de Baleares (0'04 millones) y el Ministerio de Trabajo con apenas 8.000 euros. En 2020 contribuyeron con esta partida Junta de Andalucía, Junta de Castilla y León, Gobierno de La Rioja, Generalitat de Catalunya y Junta de Extremadura, que en 2021 no distinguen consignación.

En el apartado de subvenciones a la educación los 1'07 millones de euros ingresados por la ONCE de distintas Administraciones distinguió los 1'02 millones de la Comunidad de Madrid, 30.000 euros del Gobierno Vasco, 15.000 del Ministerio de Educación y 2.000 de Xunta de Galicia.

En el capítulo de 'Otras Subvenciones' los 0'26 millones ingresados por la ONCE en 2021 se dividieron entre los 0'15 millones de euros reportados por la Comunidad de Madrid, y ya como complemento guarismos mucho más inferiores a cuenta del Gobierno Vasco (80.000 euros), Junta de Castilla y León (12.000 euros), Ayuntamiento de Vitoria (8.000 euros), Diputación Provincial de Valladolid (4.000 euros) y Ayuntamiento de Ávila (2.000 euros). En 2020 también habían obtenido ingresos por esta misma partida del Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Foral de Álava, Diputación Foral de Guipúzcoa, Gobierno de Canarias y Gobierno de Cantabria.

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Mitos y Realidades del Juego

En torno a la oferta de juego regulada en España han surgido una serie de afirmaciones no ajustadas a la realidad. A través de noticias que aparecerán sucesivamente en este espacio, confrontaremos ciertos mitos que han consolidado principalmente en los medios de comunicación generalistas.

Público o Privado: la esencia del juego no varía, es la misma

¿Acaso el sector del Juego en España es una 'jungla'? Desde 1977 está sometido a una extensa y altísima regulación autonómica y estatal

Jugar forma parte del ocio y del entretenimiento de los españoles en el ejercicio de su libertad y responsabilidad individuales

El consumo de juego real en España, un 50% por debajo de los niveles de 2019

¿Es cierto que hay demasiada publicidad del juego, cuya finalidad es atraer dinero fácil?

Los establecimientos de juego siempre han buscado las zonas urbanas más comerciales y con mayor densidad de población

¿Acaso una empresa autorizada sujeta a multitud de requisitos administrativos, fiscales y normativos puede estar interesada en menores que se cuelan en el local?

Que los establecimientos de juego tengan fachadas opacas y vidrieras oscuras es un criterio normativo impuesto por la Administración

El sector del juego de entretenimiento privado defiende el criterio de distancia entre salones y otros locales de juego cuando se respeta la seguridad jurídica de las empresas

La práctica del juego legal en España es una actividad ejercida por la ciudadanía en el uso de su responsabilidad y libertad individual

España, entre los cuatro países del mundo occidental con un menor indicador de juego problemático

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