El vicepresidente señaló ayer que "pretende que el número de salas de juego y locales específicos de apuestas no se aleje por exceso de la media de salas de juego por habitante del conjunto del Estado que la Revista Española de Salud Pública del Ministerio de Sanidad era de 68 por millón de habitantes en 2020".

El Consell de Govern sancionó la remisión al Parlament balear del texto de reforma en su reunión de ayer martes con el objetivo de aprobarse antes de la disolución del Parlament. Tal como adelantó JPNoticias en su edición del martes, el proyecto de reforma de la ley del Juego de Baleares regresó de Bruselas y Juan Pedro Yllanes procurará una rápida tramitación del mismo en el período de sesiones del legislativo.

Una vez más, las argumentaciones de Yllanes en la jornada de ayer volvieron a evidenciar el ejercicio de la confusión que ha pretendido otorgar desde el Ejecutivo a todo lo relacionado con el sector del juego de entretenimiento presencial de titularidad privada, que es el verdadero protagonista de la legislación balear. Apelar "a la proliferación de opciones de juego en línea" cuando este canal queda fuera del alcance competencial de Baleares reitera esa política absolutamente de cara a la galería que ha caracterizado la gestión de la materia por sus responsables desde que asumieron las funciones en julio de 2019.

Por cierto, muy probablemente será la primera tramitación de una reforma legislativa en materia de Juego emprendida por un Ejecutivo que ha reconocido públicamente incapacidad para documentar con datos objetivos cuál es la oferta real del sector que asegura querer legislar, tal como informó JPNoticias en su edición del 4 de julio de 2022. En aquella información que adjuntamos la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica del Govern de Baleares admitió a la revista Joc Privat "no tener datos económicos del sector del Juego" y "carecer de un listado informatizado de los procedimientos administrativos".

Así pues, recobra enorme interés analizar el contenido de las eventuales Memorias Económica y de Impacto que hay que presuponer que acompañarán la tramitación parlamentaria de la reforma de la ley.